Mi actitud en pro de la desaparición de las diputaciones, se basó siempre en dos razones principales. Por un lado, porque se trata de instituciones surgidas a la sombra de la formación del Estado liberal decimonónico, que se articuló sobre un base ideológica fuertemente centralista y centralizadora, y con la creación del Estado de las autonomías, consagrado por la Constitución de 1978 —más tarde desvirtuado por obra y gracia del zapaterismo, cuyas perniciosas consecuencias son mucho más profundas y van mucho más allá de su incapacidad para afrontar la crisis económica que nos azota—, se convirtieron en instituciones obsoletas. Por otro lado, las diputaciones provinciales han sido la coartada utilizada para mantener controlados a la mayor parte de los ayuntamientos —a todos los que tienen de 20.000 habitantes—, considerados menores de edad, sin permitírseles cerrar acuerdos con otras administraciones. Tienen que hacerlo obligatoriamente a través de las diputaciones. Ha sido una pieza más de la falta de interés por el municipalismo, la gran asignatura pendiente de la democracia española en lo que a estructura administrativa se refiere.
Dejando a un lado el debate político acerca de si las diputaciones provinciales sólo son lugar de acomodo para cargos públicos amortizados en la política municipal, no deja de llamar la atención la desenvoltura con que Alfredo P. Rubalcaba ha convertido su desaparición en una cuestión de primera línea y ahora las considera —justo después de que el PSOE, tras las pasadas elecciones de mayo, haya perdido el control que mantenía sobre la mayoría de ellas— una rémora administrativa y vetustas instituciones que han de eliminarse. Ahora ha descubierto que son una pesada carga económica y quiere envolver su propuesta en el celofán de una medida de ahorro, necesaria en los tiempos que vivimos. Decirlo ahora y negarlo antes revela una amnesia política tan lamentable como su rápida aceptación de incluir en la Constitución un techo de gasto del que hace un año se pitorreaba. Pedir ahora la desaparición de las diputaciones cuando su partido ha perdido el control sobre ellas, tiene la misma credibilidad que sus propuestas para crear empleo, habiendo sido durante años partícipe del gobierno que nos ha llevado a tener la tasa más alto de paro de la Unión Europea y la cifra de parados a situarse cerca de los 5.000.000.
En mi opinión, es cierto que las diputaciones deberían desaparecer, pero no es de recibo que Alfredo P. Rubalcaba lo plantee ahora. Su petición atufa a oportunismo político y a algo más.
(Aparecida en el ABC de Córdoba el día 27 de Agosto de 2011 en esta dirección)